Tras varios meses de trabajo, y un toque de atenci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Europea, llega la transposici\u00f3n de la Directa Whistleblowing. El 15 de septiembre, en Espa\u00f1a se transpone por fin la Directiva 1937\/2019, de protecci\u00f3n de los denunciantes. Esta transposici\u00f3n permitir\u00e1 a los denunciantes alertar de casos de corrupci\u00f3n y otros delitos que afecten a los intereses de la Uni\u00f3n Europea (UE). Quedando as\u00ed por tanto aprobado el proyecto de Ley que obliga a las empresas a implementar un canal de denuncias interno<\/p>\n
Esto quiere decir que\u00a0las empresas que cumplan con los siguientes requisitos<\/strong>, estar\u00e1n obligadas a implementar el Canal de Denuncias en el a\u00f1o 2023. La normativa establece que las entidades afectadas ser\u00e1n las siguientes:<\/p>\n La normativa tambi\u00e9n afecta al Sector P\u00fablico, y deber\u00e1n contar con dicho canal:<\/p>\n El Anteproyecto fue presentado por el Consejo de Ministros el 4 de marzo, meses despu\u00e9s del plazo con el que contaban los Estados de la Uni\u00f3n Europea para transponer la\u00a0Directiva (UE) 2019\/1937, que finaliz\u00f3 el 17 de diciembre de 2021.\u00a0Por su parte, el Proyecto ha sido publicado en el Bolet\u00edn del Congreso de los Diputados del pasado 23 de septiembre.<\/p>\n El texto que pasa ahora a ser tramitado en el Parlamento, prev\u00e9:<\/p>\n – Una\u00a0vacatio legis\u00a0<\/em>de 20 d\u00edas desde su publicaci\u00f3n en el BOE (DF 8\u00aa)<\/p>\n – Un plazo\u00a0m\u00e1ximo de 3 meses\u00a0<\/strong>desde esa entrada en vigor para que las organizaciones obligadas a implantar los canales lo materialicen. Como excepci\u00f3n, para las entidades jur\u00eddicas del sector privado con menos de 249 trabajadores y municipios de menos de 10.000 habitantes, el plazo se extiende hasta el 1 de diciembre de 2023.<\/p>\n Ya desde el Anteproyecto, el texto incorporaba los dos objetivos principales de la citada Directiva: proteger a los informantes y establecer las normas m\u00ednimas de los canales de comunicaci\u00f3n. Pero recoge una ampliaci\u00f3n en dos aspectos clave del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la Directiva:<\/p>\n ampl\u00eda el amparo y abre los sistemas de informaci\u00f3n a quienes adviertan de vulneraciones no solo del Derecho de la Uni\u00f3n, sino tambi\u00e9n del resto del ordenamiento jur\u00eddico que afecten directamente al inter\u00e9s general, entendiendo que este est\u00e1 comprometido en todo caso si la vulneraci\u00f3n investigada afecta a la Hacienda P\u00fablica.<\/p>\n a) En la Directiva, los \u00abcanales de denuncia\u00bb internos son obligatorios para las entidades jur\u00eddicas del sector privado que empleen a m\u00e1s de 50 trabajadores y a las del sector p\u00fablico, permitiendo eximir a los municipios de menos de 10.000 habitantes o con menos de 50 trabajadores. Como novedad, el\u00a0Anteproyecto\u00a0<\/strong>lo extendi\u00f3 a todas las entidades que integran el sector p\u00fablico, incluidos todos los municipios la obligaci\u00f3n de contar con un \u00absistema interno de informaciones\u00bb, recogiendo precisiones para facilitar su cumplimiento (art. 13). Incluy\u00f3 en esta obligaci\u00f3n a la Casa de Su Majestad el Rey (a la que tambi\u00e9n dedicaba reglas especiales en la DA 1\u00aa, que curiosamente desaparece en el Proyecto); y los \u00f3rganos constitucionales e instituciones auton\u00f3micas an\u00e1logas creadas por los correspondientes Estatutos de Autonom\u00eda.<\/p>\n b) Tambi\u00e9n se incluye,\u00a0dentro del sector privado,<\/strong>\u00a0a los partidos pol\u00edticos, los sindicatos, las\u00a0organizaciones empresariales\u00a0<\/strong>y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos p\u00fablicos (art. 10).<\/p>\n En cuanto al \u00e1mbito material de aplicaci\u00f3n (art\u00edculo 2), son interesantes las precisiones relativas a que la protecci\u00f3n de la futura ley no ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n a las informaciones que afecten a la informaci\u00f3n clasificada, ni afectar\u00e1 a las obligaciones que resultan del deber de confidencialidad de los m\u00e9dicos, abogados y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del secreto de las deliberaciones establecido en leyes y reglamentos y del car\u00e1cter reservado la informaci\u00f3n con trascendencia tributaria y de cualquier otra informaci\u00f3n cuando as\u00ed lo establezca su normativa espec\u00edfica. Tambi\u00e9n se especifica que la protecci\u00f3n que ofrezca la norma no excluir\u00e1 la aplicaci\u00f3n de las normas relativas al proceso penal, incluyendo las diligencias de investigaci\u00f3n.<\/p>\n Se regula en los arts. 60 y ss., que remite a las reglas aplicables del procedimiento administrativo sancionador. Aprobado el proyecto de Ley que obliga a las empresas a implementar un canal de denuncias interno, las sanciones que prev\u00e9 son las siguientes.<\/p>\n La potestad sancionadora se atribuye a Autoridad Independiente de Protecci\u00f3n del Informante y a los \u00f3rganos competentes de las Comunidades Aut\u00f3nomas, sin perjuicio de las facultades disciplinarias que en el \u00e1mbito interno de cada organizaci\u00f3n puedan tener los \u00f3rganos competentes.<\/p>\n El sistema de infracciones se cataloga con la tradicional divisi\u00f3n entre infracciones muy graves, graves o leves; y la consiguiente graduaci\u00f3n de sanciones muy graves, graves o leves, respectivamente. Las infracciones, en todo caso, se refieren a las obligaciones del texto normativo (vulneraciones de confidencialidad en los canales de informaci\u00f3n, adopciones de represalias, etc.). Se contemplan asimismo los correspondientes plazos de prescripci\u00f3n para unas y otras y los criterios habituales para su graduaci\u00f3n, t\u00edpicos del procedimiento administrativo sancionador (reincidencia, intencionalidad, etc.). Como novedad del Proyecto, llama la atenci\u00f3n la inclusi\u00f3n, como infracci\u00f3n muy grave, del “Incumplimiento de la obligaci\u00f3n de disponer de un Sistema interno de informaci\u00f3n en los t\u00e9rminos exigidos en esta ley”. Lo cierto es que en el Anteproyecto sorprend\u00eda que no se sancionase su falta en las organizaciones obligadas a implantarlo.<\/p>\n En todo caso, las sanciones consisten siempre en multas, con cuant\u00edas que var\u00edan seg\u00fan se trate de personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas, especialmente sustanciosas en los casos de personas jur\u00eddicas.<\/p>\n se ampl\u00edan las cuant\u00edas con respecto a lo que preve\u00eda el Anteprouyecto, que fijaba hasta 10.000 euros por la comisi\u00f3n de infracciones leves; de 5.001 hasta 30.000 euros por la comisi\u00f3n de infracciones graves y de 30.001 hasta 300.000 euros por la comisi\u00f3n de infracciones muy graves. Con el Proyecto se ampl\u00edan las multas por infracciones graves, que pasan a ser de 10.001 hasta 30 000 euros.<\/p>\n hasta 100.000 euros en caso de infracciones leves, entre 100.001 y 600.000 euros en caso de infracciones graves y entre 600.001 y 1.000.000 euros en caso de infracciones muy graves. Tras varios meses de trabajo, y un toque de atenci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Europea, llega la transposici\u00f3n de la Directa Whistleblowing. El 15 de septiembre, en Espa\u00f1a se transpone por fin la Directiva 1937\/2019, de protecci\u00f3n de los denunciantes. Esta transposici\u00f3n permitir\u00e1 a los denunciantes alertar de casos de corrupci\u00f3n y otros delitos que afecten […]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[115],"tags":[],"class_list":["post-590","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-newsletter"],"yoast_head":"\n\n
\n
Retraso en la transposici\u00f3n, vacatio legis y derecho transitorio<\/h3>\n
Ampliaci\u00f3n del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la Directiva<\/h3>\n
1. Objetivo:<\/strong><\/h4>\n
2. Subjetivo:<\/strong><\/h4>\n
R\u00e9gimen sancionador<\/h3>\n
a)\u00a0Personas f\u00edsicas<\/strong>:<\/h4>\n
b)\u00a0Personas jur\u00eddicas<\/strong>:<\/h4>\n
\nCuriosamente, no se recoge expresamente como infracci\u00f3n el no contar con un canal interno de comunicaci\u00f3n, estando obligado a ello, por lo que podr\u00eda considerarse infracci\u00f3n leve, seg\u00fan lo previsto en el art. 63.3.c), seg\u00fan el cual lo es cualquier \u00ab incumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley que no est\u00e9 tipificado como infracci\u00f3n muy grave o grave\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"